Artículo publicado en Diario Extra:

Opinión: Adiós, impuestos al tabaco. Hola, enfermedades y muertes

Por Guillermo Paraje, Doctor en Economía, Investigador Universidad Adolfo Ibáñez.

Los impuestos al tabaco son la política más costo-efectiva para reducir un consumo que causa enfermedades y muertes. Cuando baja el consumo de tabaco en un país, mejora la salud de su población y disminuyen los recursos destinados a tratar enfermedades evitables (desde infartos hasta cánceres). En el caso de Costa Rica, la recaudación de este impuesto, además, financia las prestaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El consumo de tabaco no tiene ninguna consecuencia positiva para la sociedad. A menudo y de manera simplista, se asocia este impuesto con la aparición del comercio ilícito. Estudios internacionales muestran que esto es inexacto y que detrás del comercio ilícito suele encontrarse la propia industria tabacalera. En el caso de Costa Rica, un estudio reciente de la UNA encontró que aproximadamente uno de cada seis cigarrillos ilícitos vendidos en la GAM es producido por empresas tabacaleras que operan lícitamente en el país. Esas son las empresas que, justamente, se beneficiarán de la reducción de impuestos propuesta. Ese mismo estudio encontró niveles muy dispares de consumo de cigarrillos ilícitos en la GAM. Mientras en Heredia dicho consumo representó el 18,4% del mercado, en Cartago alcanzó el 48,5%. ¿Cómo puede creerse que el nivel de impuestos al tabaco explique el contrabando cuando Heredia y Cartago tienen exactamente los mismos impuestos al tabaco? Ese estudio también encontró que los lugares más frecuentes de venta de cigarrillos ilícitos no son los vendedores ambulantes, sino las pulperías autorizadas para la venta de cigarrillos lícitos. Ambos indicadores señalarían que la causa del consumo de cigarrillos ilícitos no radica en el nivel de impuestos, sino en las deficiencias en la fiscalización. ¿Por qué en lugar de bajar el impuesto, no se destinan más recursos a la fiscalización de los puntos de venta? Costa Rica ratificó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco hace casi una década y no avanzó en la implementación de prácticamente ninguna de las herramientas que allí se sugieren. ¿No será mejor usar herramientas probadas para combatir el contrabando en lugar de bajar impuestos y desfinanciar a la CCSS?

Los que argumentan que el impuesto al tabaco está detrás del comercio ilícito en Costa Rica, no pueden (y parece que no quieren) explicar por qué la industria tabacalera ha aumentado el precio de sus cigarrillos lícitos más del 60% por encima de la inflación en Costa Rica. Resulta una ingenuidad creer que toda la rebaja del impuesto al tabaco se traduzca en un menor precio. Lo que se ha visto a nivel internacional es que las empresas tabacaleras se apropian de una parte de la rebaja de impuestos. ¿Por qué habrían de preocuparse por el precio y su impacto en el contrabando cuando, a menudo, ellas mismas están detrás del comercio ilícito? ¿Por qué habrían de trasladar al precio la reducción del impuesto si enfrentan una demanda con baja sensibilidad al precio? Bajar el precio por el monto de la rebaja impositiva sería una irracionalidad económica que iría en contra del objetivo principal de estas empresas: aumentar sus ganancias. ¿Quién garantiza que, si baja el precio de los cigarrillos lícitos como resultado de la reducción del impuesto, no baje también el de los ilícitos? Finalmente, esto es lo que se ha observado en otros países al implementar este tipo de política.

La aplicación más elemental de la teoría económica indica que, si el precio de los cigarrillos baja como resultado de una reducción impositiva, aumentará el consumo de cigarrillos. En Costa Rica se ha observado que una reducción del 10% del precio implicará un aumento del 6,1% en el consumo. Eso llevará a una disminución de la recaudación del impuesto, que dependerá de cuánto baje el precio. Dicho de otra manera, el Gobierno está fomentando con esta iniciativa el incremento del consumo de un producto que enferma y mata a la población, mientras recorta la recaudación que financia a la CCSS, que debe destinar recursos a tratar esa mayor carga de enfermedad. ¿Dónde está el beneficio de esto para la población costarricense? No parece existir ninguno. Los que sí se beneficiarán son empresas que ni siquiera producen en territorio costarricense y verán aumentar sus ganancias.

Lo que se propone no es reducir el impuesto que recae sobre los alimentos o la indumentaria, sino sobre un producto adictivo que mata a la mitad de sus consumidores, además de quitarle recursos a la institución que debe tratar a quienes se enferman por dicho consumo.

*Con la colaboración de Jeancarlo Córdoba, doctor en Salud Pública, investigador de la Universidad de Costa Rica.