Nota publicada en El Observador CR:

Menos impuestos al cigarrillo contra el contrabando: la apuesta de Hacienda que abre un debate de salud pública

El Ministerio de Hacienda busca que la venta de cigarrillos legales aumente hasta en un 50% si se reducen los impuestos como medida contra el contrabando. Eso sí, el viceministro de la cartera, Víctor Carvajal, rechaza que la política busque fomentar el fumado.

La posición surge en medio de las advertencias de algunos sectores sobre un posible impacto en la salud y en la lucha contra el tabaquismo.

En entrevista con El Observador, Carvajal aseguró que el 55% de la población fumadora en Costa Rica compra cigarrillos de contrabando, sin conocer realmente su contenido, lo que representa un grave daño para la salud.

Él rechaza que esté fomentando el consumo de tabaco y aclara que, en lo personal, no es fumador. Sin embargo, considera que, si las personas fuman, deberían hacerlo con productos que tengan permiso sanitario.

No se sabe lo que fuman

“¿Qué más seguridad para la salud de esas personas que, por lo menos, si ya están fumando, que es algo que uno no recomienda y que, por lo menos, yo no hago por temas de salud, que por lo menos fumen algo que tenga el aval del Ministerio de Salud en cuanto a la normativa que tiene que cumplir lo que tiene adentro?”, resaltó.

El viceministro asegura que la realidad de comprar cigarrillos de contrabando a precios más baratos la enfrentan con mayor frecuencia las poblaciones de menores ingresos. Estas personas, a la vez, tienen menos acceso a servicios de salud, por lo que combatir el contrabando busca protegerlas.

“Yo prefiero realmente que, si fuman, fumen algo que esté apto para el consumo y no algo que no sabemos si está apto o no está apto. No sabemos qué es lo que está fumando la gente…”, enfatizó.

En un informe publicado el viernes 7 de agosto, Hacienda informó que “solo en los operativos más recientes realizados en San José , Alajuela y Heredia, funcionarios de las Direcciones Generales de Tributación, Aduanas y Policía de Control Fiscal (PCF) decomisaron más de 259 mil unidades de cigarros”, entre otros productos como perfumes, calzado y bebidas, “por incumplir con la normativa vigente y con los permisos sanitarios para su comercialización”.

Algunas de esas cajetillas, con origen en diferentes países, tiene olores y diseños llamativos, sin claridad sobre los componentes que incluyen y la efectividad de los filtros.

Traslado al mercado formal

Víctor Carvajal enfatizó que el objetivo de bajar los impuestos a los cigarrillos es aumentar el consumo en el mercado formal, que cuenta con estándares sanitarios.

En las declaraciones a este medio, buscó aclarar que el impuesto nunca será de 0%, es decir, que no se eliminará por completo. La intención del Gobierno es reducirlo para disminuir la rentabilidad del negocio ilícito.

“Lo que nosotros no queremos es llegar y decir: ‘El impuesto es cero’. No es eso. Es fijar un impuesto en donde la cantidad no haga tan rentable el negocio del contrabando y desincentivar eso”.

Como parámetro de un buen resultado, en caso de que el cambio se apruebe, Hacienda plantea la meta de aumentar el consumo de cigarrillos legales “en al menos un 50%”.

“Eso significa que la gente se trasladó del consumo del cigarro contrabandeado al cigarro formal, que no significa necesariamente que ahora hay más gente fumando. Pueden ser los mismos fumando, pero simplemente pasamos de un bien contrabandeado a un bien legal”, subrayó.

La propuesta

El pasado 23 de julio, el Ministerio de Hacienda presentó en la Asamblea Legislativa los primeros tres proyectos de una serie de propuestas en materia fiscal. Uno de esos textos busca eliminar la base mínima impositiva para el pago del impuesto a los cigarros.

“Lo que quiere decir es que la cajetilla de cigarros que más se vende en el país se toma como referencia que, si es la más cara, pues entonces todos los demás cigarros, aunque sean más baratos, van a tener que pagar con respecto al valor de esa cajetilla de cigarros, lo que hace que en algunos casos el impuesto que pagan los productos de tabaco supere el 400% del valor del costo de la cajetilla de cigarros y hace que el negocio del contrabando sea un negocio sumamente rentable”, dijo en ese momento Carvajal en la Asamblea Legislativa.

Al eliminarse la base mínima impositiva, Hacienda podrá establecer por decreto el impuesto “hasta un monto máximo de lo establecido por la ley”.

“Eso nos permitiría a nosotros tomar medidas como bajar los impuestos a un monto donde podamos ver cómo le ganamos terreno a la informalidad y al contrabando de cigarrillos”, mencionó.

El viceministro recordó que una semana antes de la presentación del texto realizaron un allanamiento en el que decomisaron 28 millones de cigarrillos que dejaron de pagar $3 millones en impuestos.

Renata se pronunció

Diferentes sectores advierten, desde el punto de vista de la salud pública, sobre el impacto que la propuesta de Hacienda puede tener. En general, grupos afirman que bajar los tributos puede hacer más accesible el producto para jóvenes y nuevos consumidores.

Por ejemplo, la Red Nacional Antitabaco (Renata) está de acuerdo en la lucha contra el contrabando. Argumenta que esta práctica “representa una pérdida millonaria para las arcas públicas, financia actividades ilícitas y agrava la crisis de salud pública causada por el tabaquismo”.

Sin embargo, desde la red insisten en que la Asamblea apruebe el proyecto de ley 22.497 sobre empaquetado neutro de productos de tabaco y el 23.880, que plantea un aumento del 30% en los impuestos al tabaco, contrario a la postura de Hacienda.

Advertencia por salud

Por otra parte, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica calificó en julio pasado como “un riesgo moral y social sin precedentes” la pretensión de bajar el impuesto a los cigarrillos (y al alcohol, aunque Hacienda no lo propone en el proyecto), al mismo tiempo que se debatía sobre posibles cambios a los tributos de la Canasta Básica.

Ese pronunciamiento, publicado en la página web de la UCR, expone que la disminución en el consumo de tabaco parece haberse estancado en los últimos años. La Encuesta Global sobre Tabaquismo en Adultos (GATS) 2022 estimó en 8,5% la prevalencia de fumadores en Costa Rica, pero la cifra resulta similar al 8,9% registrado en 2015.

Además, el tabaquismo provoca alrededor de 2.174 muertes al año en Costa Rica, según datos citados por la Red Nacional Antitabaco. Esto representa aproximadamente el 9% de los fallecimientos anuales del país.

Asimismo, alrededor de 16.000 personas desarrollan cada año enfermedades graves relacionadas con el consumo de tabaco. Entre ellas se encuentran el cáncer de pulmón, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

A nivel internacional, los fumadores habituales reducen su expectativa de vida en promedio 10 años.

Altos costos por atención

Sobre ingresos y costos, la balanza es desfavorable: el fumado genera más gastos para la salud pública que lo que recauda el Estado. Un estudio coordinado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria estimó los costos asociados a las enfermedades atribuibles al tabaco.

En 2015, los costos directos de atención alcanzaron ¢129.133 millones anuales. Ese monto equivalía al 0,47% del producto interno bruto y al 4,8% del gasto público en salud.

Para 2020, los costos aumentaron a ¢166.788 millones, equivalentes aproximadamente al 6,5% del gasto nacional en salud.

La carga económica supera ampliamente la recaudación obtenida mediante los impuestos específicos al tabaco.

En 2015, el Estado recaudó cerca de ¢33.700 millones por impuestos al tabaco. Ese monto cubrió aproximadamente una cuarta parte de los costos médicos directos asociados al consumo de cigarrillos.

El resto debe financiarse mediante recursos generales y mecanismos de redistribución dentro del sistema público.