Nota por aDiariCR.com

Según la Red Nacional Antitabaco, el proyecto de ley 22497 ayudaría a que Costa Rica baje el gasto de ¢300.000 millones al año en tabaquistas

Durante varios meses se ha estado estudiando el Proyecto de Ley 22.497 en la Subcomisión de Asuntos Sociales. En la Administración 2018-2022, más de 28 diputados presentaron el proyecto de ley; sin embargo, en los últimos días de la sesión de la Comisión, los diputados Pedro Muñoz, Jonathan Prendas y Erick Rodríguez interpusieron más de 200 mociones al proyecto de ley por lo que este no pudo pasar al Plenario Legislativo.

Este proyecto, así como el proyecto de ley 10.066 sobre vaporizadores y cigarrillos electrónicos, había también recibido golpes por la exdiputada María Inés Solís, quien renunció a su curul del Partido Unidad Social Cristiano y se fue a trabajar a la empresa tabacalera Philip Morris.

En la presente administración 2022-2026 varios diputados(as) de la Comisión de Sociales han dado su apoyo al proyecto, entre los que se encuentran Andrea Alvarez Marín del Partido Liberación Nacional, Priscilla Vindas del Frente Amplio, David Segura y Rosalía Brown de Nueva República, y Luz Marie Alpízar Loaiza del partido oficialista.

Apoyo de organizaciones gubernamentales y sociales

La Red Nacional Antitabaco (RENATA) es la organización que ha impulsado el proyecto de ley.  Asimismo, han dado su aval al expediente, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y más de 40 organizaciones entre las que se encuentran: la Asociación Costarricense de Cardiología, la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica, la Federación de ONG de Pacientes de Costa Rica (+ de 20 ONG), la Asociación Costarricense de Pediatría, la Unión Médica Nacional, la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia y más de  15 organizaciones internacionales de salud, según la presidenta de RENATA, Dra. Nydia Amador.

Para las instituciones y organizaciones este es un paso más para que Costa Rica reduzca el consumo de productos de tabaco, tanto de los cigarrillos tradicionales como de los vaporizadores, cigarrillos electrónicos, etc. Paso que no solo disminuiría la carga de enfermedad si no también la carga económica que cuesta al Estado más de ¢300.000 millones en atención de tabaquistas.

Según el expendiente del proyecto de ley, también la Procuraduría General de la República advirtió que el proyecto no tiene problemas de constitucionalidad.

Esta reforma a la ley 9028, colocará a Costa Rica, al nivel de países líderes, en anteponer la vida, la salud y la seguridad social de las personas, sobre intereses privado que promueven un producto que mata a 8 millones de personas al año. Pero además, por cumplir con un compromiso internacional que como país se aceptó, y debe ser honrado en cuanto al empaquetado neutro.

El empaquetado neutro, explica Diego Montero, Vicepresidenta de RENATA, funciona como parte de un conjunto integral de medidas de control del tabaco. Es una inversión en la salud a largo plazo para nuestros habitantes, al buscar reducir el uso y la exposición a los productos de tabaco, estrategia que no viola los acuerdos internacionales de propiedad intelectual ni los registros de marcas, ni aumenta el comercio ilícito, lo cual ha sido ratificado por tribunales domésticos e internacionales, así como por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Más bien hace efectivas las obligaciones establecidas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT).

Interferencia de la industria tabacalera

Es probable que la industria y sectores que trabajan en pro de intereses privados, busquen influir negativamente contra el proyecto de ley en nuestro Primer Poder de la República. Al respecto, cabe indicar, con Miguel Rodríguez Mendoza, principal coordinador de la aportación de la Organización Mundial del Comercio – OMC en un importante estudio hecho en este campo: Los Acuerdos de la OMC no son ajenos a las cuestiones sanitarias. Es más, las preocupaciones que afectan a la salud tienen prioridad sobre las que atañen al comercio, aseguró Amador.

Fuente aDiariCR.com

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