Industria del tabaco mantiene influencia en gobiernos de Centroamérica, advierten especialistas

Por Montserrat Cordero Parra en el Semanario Universidad

De acuerdo con expertos centroamericanos, entre las tácticas utilizadas por la industria destacan la promoción de actividades turísticas y culturales, y programas de responsabilidad social corporativa, entre otros. 

La industria del tabaco continúa influyendo en decisiones gubernamentales y políticas públicas en los países de Centroamérica, mediante diversas estrategias, tales como promoción de actividades turísticas y culturales, y programas de responsabilidad social corporativa, entre otros. 

Así lo denunciaron este jueves en el webinar «Midiendo la interferencia del tabaco en Centroamérica» expertos en la materia de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, basados en los resultados del Índice de Interferencia del Tabaco 2025.

Este índice permite identificar prácticas de presión y conflicto de intereses. Asimismo busca fortalecer la capacidad del gobierno, de organizaciones sociales, mujeres, jóvenes y la población, para reconocer, medir y contrarrestar estas interferencias, en línea con el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Costa Rica

En el caso de Costa Rica, Diego Montero, de la Red Nacional Antitabaco, expuso que el país ha perdido la capacidad de protegerse de la industria tabacalera.

Esta interferencia específicamente en el Congreso fue incluso denunciada por la misma exministra de  Salud, Mary Munive. 

Pese a esto, hubo decisiones administrativas de la misma exjerarca que terminaron beneficiando a la industria, recordó. 

“Una de las tácticas que más nos sorprendió es la forma en que la industria intenta influir en medidas que parecen meramente técnicas o administrativas, pero en realidad tienen implicaciones importantes para la salud pública. Me refiero al cambio de los plazos para la rotación de las advertencias sanitarias en los productos de tabaco”, señaló Montero.

Montero comentó que en Costa Rica estas advertencias sanitarias están en paquetes de cigarrillos, y se actualizan periódicamente. La normativa establecía un plazo de dos meses para sustituir los productos con estas etiquetas antiguas con las nuevas que empezaban a regir; sin embargo, la industria tabacalera presionaron en los últimos dos años para cambiar ese plazo de dos a seis meses de forma permanente. 

“Esta solicitud no vino directamente de las tabacaleras al Ministerio de Salud sino que fue canalizada a través de la Cámara de Comercio y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio”, añadió. 

Para Renata, este caso muestra una forma de interferencia “sofisticada”, utilizando terceros y argumentos económicos razonables a primera vista. Asimismo recuerda que las interferencias a veces ocurren en espacios administrativos poco visibles para la ciudadanía.

“Reconocer la interferencia es un primer paso. El desafío siguiente es traducir ese reconocimiento en mecanismos concretos que permitan prevenirla y gestionarla adecuadamente (la interferencia)”, finalizó. 

Honduras 

Norma Carías, del Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (Ceprosaf), comentó también la situación que se vive en Honduras.

Carías externó que uno de los hallazgos más importantes fue el ver cómo las instituciones públicas en Honduras han participado en la promoción y legitimación de la industria tabacalera en actividades de agro-turismo, promoviendo festivales, ferias e incluso “nuevas rutas turísticas del tabaco”.

Esto último se debe a que en ese país, la tabacalera se beneficia de un régimen para zonas libres de impuestos. 

“La industria tiene ahora exonerado impuestos aduaneros, municipales, sobre la renta y obviamente ha trascendido de su papel en el sector agrícola y exportador a convertirse y posicionarse estratégicamente en un actor del desarrollo turístico y cultural. Nos ha posicionado el tabaco como un patrimonio cultural, como símbolo de la identidad, un atractivo turístico y como motor de desarrollo local”, mencionó.

Carías indicó que es una forma de lavarle la cara a la industria -la cual ocasiona enfermedad y muerte-  posicionándola como “algo positivo” al promover turismo y cultura. 

Asimismo dijo que, en criterio de Ceprosaf, Honduras debe actualizar la ley especial contra el control de tabaco e incorporar nuevas regulaciones que se ha discutido en diferentes conferencias internacionales.

“Se debe prohibir la inclusión de la industria tabacalera en los regímenes de excepción de impuestos. No es lo mismo promover una zona turística a promover una zona solo porque promueve el tabaco. (…) Se tiene que delimitar lo que es el patrimonio cultural y se debe revisar el papel del Consejo Nacional de Inversiones en la promoción de industrias nocivas para la salud como la tabacalera”, acotó. 

El Salvador

La interferencia de la industria tabacalera en El Salvador, por su parte, tiene que ver con el acercamiento de la industria mediante programas de responsabilidad social corporativa, según Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).

Pérez narró que esta es la principal estrategia. De esta forma se han ido “lavando la cara” de lo que son las implicaciones del tabaco y la nicotina en la población salvadoreña. 

En ese país han instalado antenas de internet satelital en espacios públicos y municipios. 

“Eso puede parecer que no es nocivo pero es la forma en que ellos se lavan la cara. Es la forma en que ocultan el daño que provoca el tabaco”, dijo. 

Agregó que se han creado programas de emprendimiento digital. Asimismo han instalado ceniceros para “no afectar el medio ambiente”, cuando ellos provocan precisamente eso”. 

“Es una forma de legitimizarse ellos de manera política y le abre privilegios en la agenda pública, donde no deberían de estarse abriendo espacios porque ahí es donde debe estar primando la salud”, añadió. 

Pérez además destacó que en El Salvador no existen mecanismos que permitan el registro de reuniones. No se permite la publicación de acuerdos, algo que permitiría entender la manera en la que se está dando influencias política bajo la apariencia de responsabilidad social

“Se debe poder regular este tipo de interacciones que se están dando a nivel nacional. Hay que cerrar la puerta a la responsabilidad social empresarial como un mecanismo de influencia política”, mencionó. 

Guatemala

El país, que según lo expuesto este miércoles, tiene los niveles más altos de interferencia de la industria es Guatemala 

Gustavo Dávila, de Guatemala Saludable, destacó que está situación es el hallazgo más preocupante, pues el país sigue sin construir un mecanismo de defensa.

Comentó que existe en el Congreso un proyecto de ley que busca regular productos de nicotina; sin embargo, en marzo del 2026, diputados se sentaron con empresarios de tabacaleras a quienes les dijeron que su objetivo no afectar a tabacaleras. Además les indicaron que estaban dispuestos a recibir propuestas. 

Pese a que esto sí quedó documentado, Dávila comentó que existen reuniones que no han podido documentar porque no dejan huella directa; tales como reuniones con intermediarios. 

“La industria no necesita tocar directamente al funcionario, sino que financia el espacio donde el funcionario llega como invitado o solo. Todo esto ocurre bajo el lenguaje de desarrollo, corporación público o privada y es invisible para los mecanismos de transparencia”, acotó. 

Dávila recordó también que existe una iniciativa de ley que contiene prohibiciones en contribuciones de la industria, así como la obligación de divulgar estas interacciones y que reporten sus actividades; sin embargo, se encuentra engavetada desde 2019.

Pese a esto, destacó la existencia de voluntad política para avanzar en este momento. 

Panamá

Finalmente, Víctor Herrera, economista de la Universidad de Panamá, expuso que el hallazgo más preocupante en ese país es el ataque directo de la industria por parte del exviceninistro de Comercio e Industrias. 

De acuerdo con Herrera, el exjerarca solicitó a través de la Contraloria General de la República que se hiciera una auditoría de los fondos del tabaco. En el caso de Panamá estos fondos provienen del impuesto selectivo al consumo de productos del tabaco. 

“Es un ataque directo de la industria. Ha sacudido nuestro sistema de vigilancia”, mencionó. 

Herrera destacó también que la táctica más difícil de detectar por parte de la industria es su penetración en los estamentos de seguridad, especialmente lo que tiene que ver con aduanas. 

“Ha logrado tener mucho acceso a las autoridades que llevan todo nuestro control de seguridad, tratando de imponer mediante asesoramiento algún tipo de metodología o procedimientos para  que las autoridades los apliquen”, mencionó el economista, destacando el comercio ilícito.

Herrera además dijo que blindarse de este tipo de interferencias es complicado, pues  Panamá hasta ahora no tiene ninguna legislación específica para controlar interacción de las industrias. 

“Nuestra sociedad civil en cuanto a control de tabaco es muy débil. Hay que caminar en ambas direcciones, poder realmente ir fortaleciendo a nuestra sociedad civil y blindarla de ataques de los grupos fachada. Igualmente legislación más específica que permita blindar a entidades clave del control del consumo de tabaco para que no sean permeadas por la industria”, concluyó.