La Red Nacional Antitabaco (Renata) salió al paso de las manifestaciones dadas por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por sus siglas en inglés), con el objetivo de desmeritar el contenido del proyecto 20.961, Ley contra la Adulteración, Falsificación, Imitación y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico. Esto en beneficio de la industria de licores en el país.

“Como organización vigilante de la aplicación del Convenio Marco de Control del Tabaco y la reducción del consumo de tabaco, levantamos la voz para que la interferencia de la industria y sus entes de fachada como TRACIT no manipulen con información falsa para incidir en la opinión pública y las políticas de Estado. Pedimos a los diputados aprobar el proyecto sobre trazabilidad de licores y la iniciativa que crea impuestos a los vaporizadores, y solicitamos al Gobierno que recapacite ante lo que sucede dentro de la Comisión Mixta para el Control del Comercio Ilícito del Ministerio de Hacienda y corrija los portillos que abrieron modificando su integración”, dijo la Dra. Nydia Amador, presidenta de Renata.

Tracit ha señalado que los sistemas de trazabilidad son costosos y con bajos resultados, expone como ejemplo de fracaso el caso de Ecuador, cuando es totalmente falso. Desde que aplicaron el sistema en el 2017, aumentó la recaudación por cerveza artesanal en 383%, por bebidas alcohólicas en 7% y por cerveza industrial en 22%. Además, incrementó en 138% el catastro de contribuyentes e incautó un 234% de productos de más.

TRACIT nació en el 2017 en New York como una iniciativa del sector privado para intensificar la colaboración empresarial con gobiernos y organizaciones en el combate del comercio ilícito, impulsando mecanismos que benefician a sus empresas aliadas.

Entre ellas, las seis más grandes del mundo de licores y tabacos como Diageo y Philip Morris International. Algunas de estas compañías han sido condenadas judicialmente y multadas en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá  por involucrarse en el tráfico ilícito de productos de tabaco, dos de las cuales forman parte de la American Chambers of Commerce (AMCHAM) en Costa Rica.

TRACIT, como lo señaló el médico uruguayo Eduardo Bianco, Director Técnico del Centro de Cooperación Internacional para el Control del Tabaco, es utilizada por la industria para llegar a gobiernos y organizaciones internacionales de una manera más “creíble”, incidiendo como parte asesora o miembro incluso de entes públicos en comercio ilícito, lo que va en contra de lo dispuesto en el artículo 5.3 del CMCT y su Protocolo contra el Comercio Ilícito, ratificado por nuestro país desde el 2008.

En Costa Rica esa interferencia de la industria está claramente reflejada en lo que sucede dentro de la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito presidida por el Ministerio de Hacienda. Este órgano creado en el Gobierno de Laura Chinchilla con la misión de establecer políticas públicas, acciones y coordinación con el sector para luchar contra el comercio ilícito no había sido integrada por el sector privado.

Sin embargo, a través de modificación del decreto de origen, en el 2016, el Gobierno de Luis Guillermo Solís integró a Amcham y la UCCAEP, mientras que el actual Gobierno sumó a la Cámara de Comercio con el agravante de darles voz y voto en las decisiones que toma la comisión gubernamental. 

“Lo peor de todo es que bajo el pretexto de pluralismo y consensuar acciones, el Ministerio de Hacienda justifica estas acciones, cuando claramente existe un conflicto de interés. Una cosa es tomar en cuenta la opinión del sector privado, que es recomendable, y otra dejar que ellos tomen las decisiones en políticas públicas”, reiteró Amador.

La industria aliada de TRACIT ha salido a criticar los beneficios del proyecto de trazabilidad aduciendo que aumenta la evasión, cuando esto no es así. Critican el uso de los sellos, pero olvidan citar que fueron ellos mismos los que propusieron un sello de autocontrol en Golfito, convenientemente destinado al fracaso y que no detuvo la crisis de muertes por intoxicación el año pasado. Hoy los fallecidos por alcohol adulterado siguen en aumento lamentablemente.

El uso de sistemas con alta seguridad tecnológica y la combinación con las medidas físicas a la hora de marcar el producto es favorable para la salud pública y las finanzas del Estado. Hoy en día más de 150 agencias tributarias en el mundo utilizan con éxito sistemas fiscales. Estos países, no solamente han mejorado la recaudación, sino también la autenticación de productos, limitado la manipulación, facilitando el seguimiento y rastreo, así como mejorando las prácticas de la industria.