Estudio también critica la inclusión de cámaras privadas en comisión para controlar contrabando y beneficios a tabacaleras durante la aplicación de la reforma fiscal.
Por Oscar Ugarte Jiménez | oscar.ugartejimenez@ucr.ac.cr
La presencia de representantes del Ministerio de Trabajo y del Inamu en actividades de responsabilidad social de la tabacalera Philip Morris es una de las críticas que lanza un índice internacional sobre las relaciones entre Gobierno y la industria del tabaco.
A ella se les suma el favorecimiento de una menor base imponible para calcular el impuesto de valor agregado (IVA) sobre los productos de tabaco y la inclusión de tres cámaras privadas en la Comisión Mixta contra el comercio ilícito.
Estas afirmaciones se desprenden del “Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera en Latinoamérica”, del cual nuestro país fue parte, a través de la investigación realizada por la Red Nacional Antitabaco (Renata).
“Esta es una encuesta global de la que Costa Rica participa por primera vez. El objetivo central es ver cómo los gobiernos están respondiendo a la interferencia que ejerce la industria tabacalera, para proteger sus políticas de salud pública de los intereses comerciales que representa”, explicó Damián Reyes, epidemiólogo encargado de desarrollar la metodología localmente.
“Lo que documentamos es que el cálculo de la base imponible hacia los productos del tabaco se estimó de una forma que es beneficiosa para la industria”, Damián Reyes.
El índice se basa en los lineamientos derivados del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT). Según los resultados globales, en los que 100% es una total interferencia y 0% es nula, en Costa Rica se encontró una interferencia de la industria tabacalera del 49%, que dificulta el cumplimiento de dicha normativa.
“Este informe fue hecho para el periodo 2018-2019, basado en la recopilación de información que sea pública y disponible para toda la población, a través de medios de comunicación, sitios web oficiales, documentos públicos, legislación, sitios web de las mismas tabacaleras o de instituciones o personas que representan sus intereses. En el ranking global, Costa Rica está en el puesto 15 de 34 países”, detalló Reyes.
- Participación de Gobierno en actividades de la industria tabacalera
En el índice se evidenció la interacción de la industria tabacalera a través de sus representantes, con funcionarios de Gobierno, tanto en eventos sociales como en asistencia técnica para temas de contrabando.
“Las interacciones innecesarias de la industria tabacalera crean una imagen de socio o aliado que debilitan la independencia de las instituciones, pues con esto facilitarán su interferencia en el establecimiento de políticas de regulación y control de tabaco”, reza el estudio.
Uno de los ejemplos encontrados por los investigadores nacionales se dio en marzo del 2019, cuando en una actividad de responsabilidad social empresarial organizada por AmCham, estuvo presente la empresa Philip Morris (PMI), para hablar sobre equidad de género y la participación laboral de las mujeres en su mercado.
“Este es un tema sumamente importante para la sociedad; sin embargo, el foro giró en el análisis de cómo PMI implementa una política dentro de su empresa para poder mejorar el tema. Lo grave es que participa la viceministra de Trabajo, Natalia Álvarez, y representantes del Inamu. Al final es usar un tema que es importante para la sociedad como una estrategia de relaciones públicas para posicionarse frente a la sociedad como una empresa buena”, aseguró Reyes.
Los expertos consideran que estas relaciones son innecesarias, según el convenio marco, y faltan a la transparencia, ya que el Estado no cuenta con mecanismos establecidos para que se haga rendición de cuentas sobre interacciones o reuniones con la industria tabacalera.
“El Gobierno no divulga públicamente la relación y la interacción, no hay ningún mecanismo que diga de qué forma se van a reunir. Los códigos de conducta son lo que deberíamos tener y hacer un proceso educativo para todos. Lo que documentamos es que, con excepción del doctor Salas (Daniel Salas, ministro de Salud), que conoce el artículo, nadie más del Gobierno lo conoce. Eso es importante para que sepan qué pueden y qué no pueden hacer, y qué es interferencia innecesaria”, afirmó Amador.
Dentro de este campo, la presidenta de Renata incluyó las donaciones de productos por parte de las empresas a entidades estatales. Por ejemplo, en abril de este año PMI donó 40 mil respiradores N95 a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para uso del personal médico en las labores contra el COVID-19. Este dato no aparece en el informe, ya que se dio fuera del periodo en estudio.
“El tabaco se ha visto como un factor de riesgo para la enfermedad, y la industria que provoca eso dona las mascarillas y queda muy bien parada. Salió el gerente médico de la Caja, (Mario Ruiz) agradeciendo y todo, pero ellos no conocen estos artículos. Uno hubiera esperado que dijeran que había necesidad pero que de PMI no se podía aceptar”, aseveró Amador.
Para Reyes, regular estas actividades y que todos los funcionarios entiendan lo que deben y no hacer en sus relaciones con las tabacaleras se vuelve un punto medular de la discusión en el país.
“Al final el artículo no censura la interacción, pero sí la regula, establece los parámetros de cómo debería ser la interacción ética si un funcionario va a participar en una actividad. Garantizar que los funcionarios de alto nivel conozcan este convenio marco es sumamente fundamental y eso haría que las decisiones, como la de la comisión mixta, no sean tan fáciles de tomar”, dijo.
- Trato especial en la reforma fiscal
En un segundo punto, el índice documentó un tratamiento especial por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo hacia la industria tabacalera, en lo que consideran una “protección especial” durante la reforma fiscal.
“Lo que documentamos es que el cálculo de la base imponible hacia los productos del tabaco se estimó de una forma que es beneficiosa para la industria. Se quitan unos impuestos, se calcula el IVA y se ponen los impuestos, en vez de estimarlo con la totalidad del costo de los cigarrillos o de cualquier producto derivado. Encontramos que el proyecto surgió así desde que partió de Presidencia y no fue objetado en ninguna reunión durante la discusión en la Asamblea”, explicó Reyes.
El especialista se refiere al artículo 12 de la ley Nº 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas, el cual indica que “no formará parte de la base imponible el impuesto específico al tabaco, establecido en el artículo 22 de la Ley N.° 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, de 22 de marzo de 2012”.
Dicha ley establecía un “impuesto inicial de ¢20.00 por cada cigarrillo, purito, cigarro o puro de tabaco y sus derivados, monto que debe ser actualizado anualmente por el Ministerio de Hacienda”, por lo que a partir del 1 de abril de 2020, fue actualizado a la suma de ¢24,18.
Según la explicación de Reyes, el país deja de recibir aproximadamente ¢3 por cada cigarrillo o puro de tabaco que se vende.
Por ejemplo, si un cigarro tiene un costo de ¢100, la ley determinó que se le aplica el 13% del IVA (¢13) sobre ese monto. La crítica se da porque el IVA debería ser aplicado sobre una base que incluya ¢24.18 del impuesto especial al tabaco, es decir no sobre ¢100, sino sobre ¢124.18.
“Esto puede tomarse como una acción de interferencia o una concesión de un beneficio. Es posible observar que cuando otros productos iban a ser gravados o exonerados con el IVA hubo discusiones, pero en este caso no las hubo o no está documentado”, señaló Reyes.
- Inclusión de cámaras privadas a la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito
El índice encontró, además, participación de la industria —a través de cámaras asociadas— en la elaboración de políticas gubernamentales, específicamente con la inclusión de la Cámaras y Asociaciones del sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham) y la Cámara de Comercio de Costa Rica en la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito.
Según la ley N° 38410 esta comisión “tendrá como objeto orientar, asesorar, coordinar, consolidar y comunicar las políticas, planes y proyectos, con los diferentes actores del sector público y privado en la lucha contra del comercio ilícito a nivel nacional”.
Está conformada, además de las tres representaciones privadas mencionadas anteriormente, por los ministros o viceministros del Ministerio de Hacienda, Economía, Industria y Comercio, Salud, Seguridad Pública y Agricultura y Ganadería, así como el Fiscal Adjunto de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros.
“Hemos llamado la atención al Ministerio de Hacienda sobre la conformación de esta comisión. Las tres cámaras definen políticas públicas en torno al contrabando, incluyendo tabaco, lo que es una interferencia total, ya que representa un lugar de incidencia y un lobby para minar los avances en la regulación y control de tabaco en el país”, aseguró la presidenta de Renata, Nydia Amador.
AmCham respondió ante una consulta hecha por UNIVERSIDAD, mediante correo electrónico, que su participación en esta comisión es “positiva y una exitosa alianza público–privada”.
“Es un foro en el que es el sector público el que toma medidas, ejecuta planes, promueve políticas públicas y coordina entre instituciones. La participación del sector privado está relacionada con compartir buenas prácticas y recomendaciones internacionales sobre la lucha contra el comercio ilícito para que las autoridades realicen el control respectivo”, indicó su presidenta, Gisela Sánchez, en el mensaje electrónico.
Medidas no encuentran explicación
Por su parte, la exministra de Salud, Giselle Amador, considera que no encuentra explicaciones técnicas para justificar medidas beneficiosas para la industria tabacalera, como aplicar una menor base imponible en el cobro del IVA.
“Si hay una droga dañina lo primero que hay que hacer es aumentar los impuestos, sobre todo pensando en que los adolescentes no puedan tener acceso al tabaco y no se hagan adictos, por lo que uno no tiene explicación. El convenio marco es muy claro en que hay que elevar los impuestos para que el acceso a las personas jóvenes y quienes tienen menores ingresos sea más difícil”, aseguró.
Amador agregó que es posible que exista una interferencia importante por parte de las empresas, pero que resulta difícil recoger pruebas de dichas actividades.
“No hay capacidad para saber si se trata de algún tipo de lobby, aunque uno siente que hay algo más, como por qué en una comisión mixta para establecer impuestos se incluyen a agrupaciones que van a ser sometidas a dichos tributos. Es una situación ilógica”, expresó.
De su tiempo como jerarca, Amador recordó que “varias veces las tabacaleras me pidieron citas y yo aceptaba, pero con testigos de lo que estaba pasando. Solo una vez llegaron, después no lo hicieron más, no sé por qué. Yo apliqué una norma de que los cigarros no pudieran estar expuestos en anaqueles; hubo una gran discusión, donde participó gente de Gobierno tratando de interpretar el artículo de formas diferentes y ahí hubo mucha presión”.
Salud asegura que trabaja por aplicar medidas
Consultado por este semanario sobre los resultados del índice, el Ministerio de Salud aseguró —mediante un correo electrónico— que continuará trabajando para que se apliquen las disposiciones internacionales y nacionales relacionadas con este tema.
“El Ministerio de Salud, a través del Proyecto FCTC 2030, busca establecer un Mecanismo de Coordinación Nacional en Control de Tabaco en el que participen instituciones gubernamentales, que facilite valorar la aplicación del Convenio Marco de OMS para el Control de Tabaco (CMCT). Esto permitirá analizar y establecer medidas relacionadas con las disposiciones del artículo 5,3 de este convenio”, indicó a través de la oficina de comunicación.
UNIVERSIDAD también consultó si existe conocimiento, por parte de los otros ministerios, de las responsabilidades derivadas del CMCT, a lo que la cartera afirmó que “desde la ratificación del CMCT el Ministerio de Salud y otras instituciones (Art. 29, Ley 9028) han venido impulsando su implementación a través de una serie de actividades que han sido incorporadas en los Planes Operativos Institucionales. La implementación de este tipo de Convenios es gradual”.
Posición de tabacalera Philip Morris
Por su parte, la tabacalera Philip Morris Costa Rica aseguró que “tiene el derecho y la obligación de participar en diversas iniciativas público-privadas con el fin de generar impacto positivo en las comunidades donde opera”, a partir de las consultas de UNIVERSIDAD realizadas por correo electrónico sobre los resultados del índice.
“La compañía ha apoyado iniciativas en la lucha contra el impacto del COVID19 a través de la donación de insumos para el personal de salud de Costa Rica. Asimismo, junto con muchas otras empresas privadas, participa de las diversas cámaras y asociaciones industriales con el fin de establecer espacios de diálogo y análisis, totalmente abiertos y dentro del marco de la ley”, señaló la directora de Asuntos Corporativos, Susana Vásquez.
Sobre estas acciones, la empresa afirmó que se realizan “con la mayor transparencia”
“Philip Morris Costa Rica se encuentra siempre abierta a realizar nuevos y mejores acercamientos con las autoridades de gobierno, dentro del marco normativo y de transparencia, con el propósito de dialogar y así poder articular esfuerzos en pro de poder brindar mejores alternativas a los adultos fumadores que decidan continuar fumando o consumiendo nicotina, estableciendo un marco de trabajo que complemente las políticas públicas de control de tabaco existentes”, finalizó Vásquez.
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