La Red Nacional Antitabaco (RENATA) alertó y cuestionó al Ministerio de Hacienda sobre el conflicto de interés dentro de la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito tras darse voz y voto al sector privado, representado por personeros de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham) y la Cámara de Comercio.

“El tema no es reconocer y respetar la razón de las cámaras, sino que en el seno de la Comisión creada por Decreto, se deciden temas de política, estrategia, acciones públicas cuyo único responsable es el Gobierno, pero estos sujetos privados tienen voz y voto. Tampoco se busca desconocer la posición que ellas puedan tener en diversos asuntos, pero hay una enorme diferencia entre participar, coadyuvar y ser oídas a tener voto en asuntos públicos. Por esta razón pedimos la derogatoria de los decretos del 2016 y 2020 que modificaron la composición original de la Comisión Mixta en 2014 con el fin de garantizar las decisiones de política púbica libres de interferencia de la industria”, dijo la Dra. Nydia Amador, presidenta de Renata.

En la carta enviada a la viceministra de Ingresos, Alejandra Hernández, se le pide que aclare con criterios técnicos que sustenten la incorporación de nuevos miembros a la Comisión y la decisión de darles voz y voto. Así como las medidas que sustentaron que sus integrantes no exponen sus responsabilidades en el ejercicio del cargo con incompatibilidades de naturaleza pública o de conflicto de interés. Finalmente se solicita precisar si dichos sujetos privados son considerados funcionarios públicos de manera que pueda ser aplicado el principio de probidad.

La Comisión Mixta fue constituida en el gobierno de Laura Chinchilla integrada por los máximos jerarcas de los ministerios de Economía, Gobernación, Salud, Hacienda y Seguridad Pública con el objetivo de consolidar proyectos, propuestas de Ley, acciones interinstitucionales para la prevención, control de mercado, y combate al comercio ilícito, que incluye la evasión fiscal. En su constitución no había participación del sector privado.

Sin embargo, en 2016 mediante un decreto, el expresidente Luis Guillermo Solís incluyó a Amcham y a Uccaep, con voz pero sin voto. En 2020, el presidente Alvarado introdujo a la Cámara de Comercio dándoles además voto a las tres cámaras dentro de la Comisión. La inclusión se dio a través de la modificación al decreto N° 38410-MEIC-G-SP-SH.

Amador criticó una primera respuesta dada por la viceministra de Ingresos, Alejandra Hernández a la organización, quien defendió los decretos bajo el amparo de dotar de mayor pluralismo a dicho órgano para “anticipar reacciones y generar negociaciones favorables a los intereses de la Administración en la lucha antitabaco”, reza la nota DVMI-0405-2020.

La misiva enviada por Amador al Ministro de Hacienda Elián Villegas, solicitaba la revisión del decreto, así como las modificaciones correspondientes en aras de garantizar que no hubiera excesos ante la legislación.

Para Teresita Arrieta, vicepresidenta de Renata, es inconcebible cómo las dos últimas administraciones PAC han variado lo que nació como un ente para controlar el comercio ilícito, que incluye el contrabando, la adulteración, y la evasión fiscal, entre otros. También es insólito cómo mediante una organización llamada TRACIT (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade) se ha ido promoviendo el ingreso de la industria en esta Comisión.

Para Arrieta, los dos decretos van en contra del Convenio Marco para el Control del Tabaco firmado por Costa Rica desde el 2008.

NOTA: Desde el 2017 decenas de ONGs a nivel internacional habían enviado una carta el presidente Solís solicitando la revisión de la Comisión Mixta, pues la situación pone a Costa Rica en peligro de violar el CMCT.