Enero 25, 2018. De cara a las próximas elecciones nacionales para presidente y diputados, RENATA ha decidido posicionarse como una organización de la sociedad civil en la búsqueda de un voto informado; permitiendo que la ciudadanía pueda conocer las posiciones de los aspirantes en diversos tópicos de interés; en nuestro caso específico, enfocado en el control de tabaco.

Por eso, creamos un cuestionario con 11 preguntas cerradas y una abierta, que buscaban conocer la opinión de los 13 candidatos a la presidencia en cuanto a diversos temas relacionados con el tabaquismo y la Ley 9028.

La encuesta fue realizada mediante SurveyMonkey el 20 de diciembre, mientras se les hizo llegar el enlace a los equipos de campaña mediante sus páginas oficiales de Facebook y Twitter, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Luego de un poco más de un mes de tiempo, se recibió la respuesta de 9 candidatos en el siguiente orden: Jhon Vega, Edgardo Araya, Stephanie Campos, Sergio Mena, Rodolfo Hernández, Antonio Álvarez Desanti, Juan Diego Castro, Fabricio Alvarado y Rodolfo Piza. Los candidatos Otto Guevara, Oscar Lopéz, Mario Redondo no respondieron, mientras que Carlos Alvarado la envió tarde.

A partir de lo anterior, se obtuvieron las siguientes conclusiones. En general, hay unanimidad entre los candidatos en señalar que, en términos de salud, el uso de productos de tabaco debe ser un tema a considerar, desde la exposición al humo de segunda mano que, a excepción de Juan Diego Castro que lo consideró un problema algo serio, los demás marcaron que era muy serio; hasta las cargas económicas de la atención médica que conlleva el tabaquismo en el sistema de salud público, donde para todos es un problema muy serio. Hay que recordar que, de acuerdo con el último estudio de carga de enfermedad, la recaudación por el impuesto al tabaco no cubre ni el 30% de lo que el tabaquismo le cuesta directamente al país, monto que asciende a unos ¢129 mil millones al año.[1]

Consecuentemente, cuando se les preguntó si el fumado en jóvenes era un problema, fue considerado por todos de esta forma. Sin embargo, se ha podido observar que en los últimos años los dispositivos electrónicos para el suministro de nicotina se han posicionado entre nuevos consumidores, especialmente entre la población joven. Ante la pregunta de cómo consideraban el uso de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, las respuestas fueron más variadas entre los que sí creían que es un problema muy serio, como Hernández y Vega, o algo serio, entre los que están Álvarez, Castro, Araya y Piza, y los que no lo consideraban así del todo, como Alvarado, Mena y Campos.

Igualmente, difusa fue la opinión cuando, de manera relacionada, se les consultó si estaban a favor de aumentar la edad mínima permitida para comprar productos de tabaco a 21 años, como se ha implementado en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, por ejemplo.[2] Alvarado, Hernández y Araya se mostraron fuertemente a favor, Campos dijo estar algo a favor, Mena, Desanti y Piza prefirieron no dar su criterio y se mostraron algo en contra Castro y Vega.

Mientras que, ante la posibilidad de restringir las ventas de productos de tabaco en los perímetros de 400 metros a la redonda de centros educativos, con el fin de limitar la asequibilidad y exposición de estos entre los menores de edad, hubo un mayor consenso; ya que solo Jhon Vega se mostró en contra de esta medida y Piza no definió si estaba a favor o en contra.

Cuando se les consultó si estaban de acuerdo a no otorgar licencias para comercializar productos de tabaco, las respuestas fueron nuevamente variadas, ya que tres de ellos -Araya, Castro y Álvarez- dijeron estar fuertemente a favor, Campos se mostró algo a favor, Mena algo en contra, y Alvarado dijo estar muy en contra; mientras, solo tres no se mostraron ni favor ni en contra -Piza, Hernández y Vega-. Es necesario acotar que el Protocolo contra el Comercio Ilícito de productos de tabaco de la OMS, ratificado por Costa Rica en noviembre del 2016, menciona que los estados deben procurar la concesión de licencias para diversas actividades relacionadas con el tabaco, entre ellas la venta al por menor y mayor.[3]

Al contrario, casi todos -a excepción de Piza que no tomó criterio- estuvieron a favor con la prohibición de la promoción, patrocinio y publicidad de productos de tabaco, como lo especifica el artículo 12 de la Ley 9028, incluyendo la exhibición en puestos de venta. Esto es particularmente importante en tanto se ha podido determinar que las compañías tabacaleras han ido más allá de presentar las listas de precio de las cajetillas de cigarros en comercios detallistas y se han aprovechado para introducir publicidad de sus marcas. De acuerdo con la encuesta GATS, en 2015 un 27,4% de la población notó algún tipo de publicidad, promoción y patrocinio en algún lugar.[4]

Otro tema que se les consultó fue sobre el comercio ilícito de cigarrillos, donde fue calificado por todos los candidatos como un problema muy serio. No obstante, cuando les tocó valorar la conveniencia de que se hayan incluido a representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AMCHAM) en la Comisión Mixta para el Control del Comercio Ilícito, la situación no fue unánime. Algunos, como Vega, Araya, Hernández y Castro, estuvieron fuertemente en contra, Campos señaló estar algo en contra, mientras que Mena declaró estar algo a favor, misma opinión que compartió Desanti y Piza; y Alvarado afirmó no estar ni a favor ni en contra.

El contexto de la pregunta anterior se inserta en la decisión del actual gobierno de incluir a estas cámaras empresariales en el abordaje del comercio ilícito desde la Comisión, las cuales tienen conexiones con la industria tabacalera y algunos de sus integrantes han colaborado en el pasado con aquella. Dicha situación podría violentar el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco, donde se afirma que a la hora de establecer políticas públicas la industria tabacalera no puede participar, debido a los intereses irreconciliables de estas con la salud pública.[5]

De manera similar, se les consultó si estaban de acuerdo con la implementación de un sistema de trazabilidad para los productos de tabaco, ante lo cual todos se manifestaron a favor de esta medida. Es importante especificar que actualmente el proceso de contratación para contar con un sistema que permita detectar las prácticas ilegales de comercialización de cigarrillos se encuentra frenado por orden de la Ministra de Salud. Precisamente, la industria tabacalera y la UCCAEP se mostraron contrarias a establecer el sistema de trazabilidad, lo que fue denunciado el año pasado por RENATA.[6]

Por último, se les preguntó abiertamente a los candidatos qué acciones pretenden realizar para mejorar la aplicación de la Ley 9028 en el país. Dentro de la variedad de respuestas está la de Rodolfo Piza, quien dijo que se debían utilizar los fondos adecuadamente; de manera similar opina Alvarez Desanti, que pide mayor fiscalización de los recursos; Sergio Mena pide designar un responsable desde casa presidencial para asegurar la ejecución de los recursos; a Fabricio Alvarado le interesa abordar el tema desde el sistema educativo; Juan Diego Castro aboga por campañas de información para el conocimiento del contenido de la ley; mismo enfoque que propone Stephanie Campos, quien habla de campañas de concientización, el fomento del deporte y campañas en escuelas y colegios que impulsen la prevención; Jhon Vega pide mayor financiamiento para educar en la prevención del consumo y mejorar la infraestructura para garantizar los espacios libres de humo; parecido a lo expuesto por Edgardo Araya, quien habla de generar una cultura de reducción del consumo a largo plazo, por lo que se trabajaría en educación, información, así como inspecciones en locales y plantas ensambladoras de cigarrillos, por ultimo un centro de investigación del cáncer y tabaco; mientras que Rodolfo Hernández puntualiza en la vigilancia, la prohibición total de publicidad y colocación de advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos.

[1] https://www.iecs.org.ar/wp-content/uploads/Flyer_tabaquismo_Costa_rica-Final.pdf

[2] https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/tabaco/california-ya-no-vende-tabaco-ni-cigarros-electronicos-a-menores-de-21-anos

[3] https://www.who.int/fctc/protocol/Protocol-to-Eliminate-Illicit-Trade-in-Tobacco-Products-ES.pdf

[4] https://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/cri_executive_summary_es.pdf

[5] https://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3_es.pdf

[6] https://www.nacion.com/el-pais/salud/salud-archiva-plan-para-frenar-contrabando-de-tabaco/6KXA2NCOZBH6TNDJBRY4CFARPY/story/

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