Cuatro defensores de espacios libres de humo presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional que busca impedir el fumado en la totalidad de los centros de trabajo.

El reclamo contra el reglamento de la Ley de Control de Tabaco fue presentado este viernes.

El conflicto surge porque esa normativa permite fumar en zonas al aire libre, a cinco metros de distancia de la “unidad productiva” de los centros de trabajo.

Lo anterior rige desde el 27 de julio, un día después de que la presidenta, Laura Chinchilla, y la ministra de Salud, Daisy Corrales, firmaran el reglamento junto con cinco ministros más.

Para los activistas, sin embargo, esa posibilidad contradice la ley, que estableció una prohibición absoluta.

“El reglamento que salió a consulta pública no decía nada sobre cinco metros, ni unidades productivas. Eso apareció, al final, en el reglamento que entró en vigencia”, dijo Dora Nigro Gómez, una de las cuatro firmantes de la gestión.

Nigro Gómez es miembro de la Fundación Pro Derechos de los No Fumadores.

El recurso también lleva la firma de su presidente, José Francisco Monge Masís; y de los socios, Mariechen Wust Picado y Juan Carlos Peña Morales.

“Exigimos que se cumpla con la ley que prohíbe fumar en el trabajo”, alegó Monge.

“En nuestro recurso de amparo apelamos al artículo 50 de la Constitución que tutela nuestro derecho a un ambiente sano”, dijo Nigro, al tiempo que criticó duramente el cambio que sufrió la normativa emitida por el Gobierno.

Cambio en normativa. El 12 de julio, La Nación informó de que la posibilidad de fumar a cinco metros de la “unidad productiva” nunca fue mencionada por las autoridades sanitarias.

Tampoco figuró en la propuesta de reglamento que el Ministerio de Salud puso a disposición de la opinión pública para recibir observaciones de mejora.

Al respecto, la Ministra de Salud, Daisy Corrales, dijo que atendieron las quejas de 700 trabajadores, la mayoría, de zonas francas.

“La diferencia se presentó con una denuncia de 700 empleados fumadores, alegando una serie de situaciones complejas, sobre todo en zonas francas, porque ellos tienen que irse hasta un kilómetro para salir de la propiedad de la empresa”, explicó Corrales, a este medio, en aquel momento.

Un día antes, la viceministra de Salud, Sisy Castillo, detalló que “podría generarse un estado de inconstitucionalidad”, si no atendían el reclamo de esos empleados.

Salubristas objetaron esos argumentos utilizados.

“El bien colectivo debe estar por encima del bien particular, un grupo de 700 fumadores no puede privar sobre miles de costarricenses, que no fumamos”, dijo Federico Paredes, coordinador de la Comisión Antitabaco de la Asociación Costarricense de Salud Pública.